Defensora Regional de Los Lagos recalcó importancia de que la defensa penal pública está presente en el extremo sur de la región. 

María Soledad Llorente, Defensora Regional de Los Lagos, destacó la presencia de la defensoría en Chaitén, comuna visitada recientemente por la autoridad para apoyar el inicio de la operación de la nueva abogada para Chaitén, Futaleufú y Palena. 

En su última cuenta pública (disponible en https://youtu.be/lElhGBhX1oc), Llorente señaló que estar presentes en Chaitén es una muestra del compromiso de la Defensoría Penal Pública con el resguardo de los derechos de cualquier persona que debe enfrentar una imputación penal, especialmente en zonas como la provincia de Palena y su creciente demanda por servicios que entreguen valor público a la comunidad. 

Cifras

En este sentido, la jefa de la defensa en la región dijo que los tribunales de Chaitén y Hualaihué significaron casi un 2% del total de causas que defensores y defensoras asumieron durante el año pasado. 

En la provincia de Palena, la Defensoría representó 374 causas durante el 2021, y el principal delito imputado a las personas fueron las lesiones, seguidas de los delitos contra la libertad e intimidad de las personas, con un 22% y los delitos contra la ley de tránsito, que fueron un 20% de las causas.

A nivel regional, en tanto, un 32 por ciento (6.754) de todas las causas ingresadas el año pasado se agruparon bajo la categoría “Otros delitos”, que en su gran mayoría fueron infracciones sanitarias, es decir, relacionadas con las restricciones impuestas por la autoridad, producto de la pandemia. El grueso de estas infracciones se registró entre enero y abril del 2021, lo que implica un período más breve, y por supuesto, un número mucho menor de causas por este motivo. 

A las infracciones sanitarias le siguieron las lesiones (19% – 4.017), los delitos contra la libertad e intimidad de las personas (17% – 3.753), y los delitos contra la ley de tránsito (14% – 2971).

Defensa de Género

Otra de las cifras relevantes en la última cuenta pública de la Defensoría, la marcó Puerto Montt, que se ubicó el año pasado como la tercera ciudad del país con más mujeres imputadas por un delito penal. 

Soledad Llorente confirmó que la institución representó a 1.457 mujeres el 2021, y se ubicó detrás de Puente Alto (2.692) y Antofagasta (1.565) en esta medición lo que, a juicio de la autoridad, debe llamar la atención sobre la importancia de mantener un enfoque de género en materia de Justicia. 

“Más aún -dijo Llorente- cuando, de todas las causas terminadas el año pasado que tuvieron una imputada mujer (2.344), el 40 por ciento (954) terminó sin condena o con declaración de inocencia.”

En la Cuenta Anual de la Defensoría Penal Pública en la región, fue destacada, en este sentido, la recientemente creada Unidad de Defensa de Género, que entró en operaciones el pasado Día Internacional de la Mujer.  

El equipo está compuesto por un defensor y dos defensoras y tiene dos funciones principales: por una parte, asumirán paulatinamente las causas que tengan a mujeres como imputadas, y por otra, tendrá un rol de articulación con distintos organismos públicos, como la Fiscalía, Gendarmería o Corporación de Asistencia Judicial, entre otros. 

“Para una mujer, la privación de libertad es una vulnerabilidad particular, compuesta por distintos factores, que requieren ser atendidos desde una perspectiva de género. Por esto, el objetivo de la unidad es facilitar el acceso a la Justicia, y contribuir al cumplimiento de la obligación del Estado respecto de las mujeres de privadas de libertad, quienes no deben ser sometidas a ninguna forma de discriminación y violencia mientras se encuentren en esta situación”, señaló la jefa de la defensa en la región. 

Fallo histórico

En este sentido, la autoridad destacó el inédito fallo de la Corte Suprema en materia penitenciaria, que hace pocos días determinó sustituir la condena efectiva de una mujer embarazada por la reclusión domiciliaria total, debido a la falta de cuidados y atenciones médicas, como irregularidades en su alimentación y falta de controles ginecológicos. 

Esto, gracias a un recurso de amparo presentado por el defensor especializado en materia penitenciaria, Francisco Hernández, cuya apelación fue resuelta por la Corte Suprema, que por primera vez acogió la normativa internacional que obliga al Estado de Chile y a sus tribunales a adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos y la integridad de las mujeres, en especial de todas aquellas que se encuentran privadas de libertad.

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