Castigar con mayor severidad a quienes ejercen la pesca ilegal en ríos y lagos es uno de los objetivos de un proyecto que fue despachado a ley por el Congreso, tras ser aprobado de manera unánime en el Senado.

La iniciativa se hace cargo de las prácticas ilícitas de personas que -fingiendo ejercer la pesca recreativa- usan redes u otros elementos prohibidos para capturar salmón chinook, entre otras especies.

“La protección de los recursos y los ecosistemas asociados es prioritaria. Esta nueva ley va precisamente en esa dirección, al proteger la verdadera pesca recreativa y sancionar con mayor energía prácticas perjudiciales e ilegales, como el uso de redes de pesca en ríos y lagos. Con esta ley decimos claramente: ¡No a la pesca furtiva!”, afirmó la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, Alicia Gallardo Lagno, tras la votación en el Senado.

La norma -que entrará próximamente en vigencia- se originó en una moción del diputado Sebastián Álvarez, de La Araucanía, cuyo foco estaba puesto en combatir la pesca furtiva en ríos y lagos, para cautelar la auténtica pesca recreativa.

“Luchamos junto a las organizaciones territoriales en todas sus formas para sacar adelante y lograr la aprobación unánime del Senado de esta ley, que no es solo el respaldo a una idea, sino al trabajo que de sol a sol realizan los boteros, guías y toda la red de servicios, la gente de esfuerzo a lo largo de los ríos de La Araucanía y de todo el país. Con esta ley habrá más fiscalización”, anticipó Álvarez.

La nueva norma equipara las prácticas ilícitas en este plano con las contempladas en la Ley General de Pesca y Acuicultura, de modo de elevar las sanciones contra los responsables.

Así, la disposición despachada por el Congreso establece explícitamente que el uso de “artes masivos” (redes o similares) no forma parte de la pesca recreativa, y advierte que el foco de la fiscalización debe centrarse en la salvaguarda de los recursos hidrobiológicos y los ecosistemas asociados.

Adicionalmente y entre otros puntos, esta ley eleva la sanción en dinero para las infracciones gravísimas;  contempla la posibilidad de amonestar las faltas menores, y rebajar multas, cuando corresponda; y endurece el castigo para quienes empleen explosivos u otros sistemas dañinos para los recursos y su entorno.

La fiscalización de la pesca recreativa está a cargo del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, la Autoridad Marítima y Carabineros de Chile, así como de guardaparques de CONAF, inspectores municipales e inspectores ad honorem debidamente acreditados.

La iniciativa aprobada por el Congreso cuenta con el respaldo de distintas organizaciones de pesca recreativa y se alinea con uno de los objetivos del programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera: combatir la pesca ilegal.

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