Los territorios donde habitan las personas son dinámicos, están en constante crecimiento y variación porque se demanda nuevos y mejores bienes y/o servicios en las comunidades. El derecho a la movilidad está encaminado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad, justicia social y el progreso de las circunstancias de vida. Por supuesto, se relaciona con diversas necesidades básicas de las personas como; la alimentación, la salud, el trabajo, la educación y el espacio público.

En Chile, el derecho a la movilidad y el mejoramiento de la calidad de vida se presenta obstaculizado por el alto costo del combustible. El precio público a los combustibles añade el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto específico a los combustibles (IEC), además, se cobra el precio del traslado del combustible. El impuesto específico se instauró con el objetivo de financiar la reconstrucción de caminos y carreteras por el terremoto del año 1985.

La cultura centralista es el motivo en que los problemas estructurales que dificultan a los/as chilenos/ as no son resueltos, ya que, se concentra el poder político y administrativo en la Región Metropolitana. Las otras regiones del país se sitúan en un plano secundario, pero aplican la lógica del centralismo regionalista, por lo que, ha conllevado una nula conexión entre las necesidades de las personas y el territorio. La Provincia de Palena es un reflejo del centralismo regionalista, político, económico y administrativo porque depende de la Región de Los Lagos.

En la Provincia de Palena, se utiliza mayoritariamente el transporte particular, debido a que las distancias son más largas, además, la población es acotada y dispersa. El precio del combustible es muy elevado en comparación con otros puntos de la región de Los Lagos, afectando directamente en el desarrollo, inversión y el coste de la vida de los/as pobladores/as, por lo que, genera inconvenientes en el derecho de movilidad y conectividad. En ocasiones, cuando la conectividad es afectada, se producen grandes desabastecimientos, con ello, fuertes alzas para los/as comerciantes/as y en el coste de la vida de sus pobladores/as.

Las consecuencias sociales y económicas de la pandemia se profundizan; con esto progresa la preocupación por sus efectos en el bienestar y salud mental de la población. La pandemia ocasionó pérdida de fuentes de empleo y por supuesto, inseguridad e inestabilidad económica. La cesantía ha afectado la fuente de ingresos para la subsistencia familiar y también, la propia autonomía económica de las mujeres; generando tensiones, ciertamente vinculadas a los aún vigentes roles tradicionales, desigualdades y violencias de género. La pandemia Covid-19 ha afectado a las familias de menos ingresos de nuestro país y a la clase media, lo cual, se presentó un proyecto de ley que propone rebajar temporalmente el 50% del impuesto específico al combustible en periodos de estado de excepción constitucional. Esta moción parlamentaria se ha convertido en una solución provisoria y necesaria para la subsistencia en las zonas extremas.

El Estado debe articular políticas públicas según las realidades y necesidades de cada territorio para mejorar sus condiciones, sobre todo, en las zonas extremas. El precio del combustible no debe ser impedimento para la movilidad óptima de las personas. La voluntad política, el análisis y los acuerdos políticos tienen que enfocarse en la eliminación del impuesto específico, en subsidios en zonas extremas, fomentar transportes públicos de calidad y desarrollar planes de ciclovías. El Estado tiene el compromiso de proveer los dispositivos adecuados para que todos/as tengan el derecho al libre tránsito, motivando a que los diferentes medios de transporte sean de calidad, ambientalistas, eficientes, de este modo, respondiendo a un espacio seguro para circular, vivir en armonía y con dignidad.

TAMARA CASANOVA RAMOS ESTUDIANTE DE CIPOL – ULAGOS

ALEJANDRO BERNALES MALDONADO DIPUTADO DISTRITO 26

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