• El Ministerio Público decidió cerrar la investigación iniciada en junio del 2019 contra una mujer de 47 años de edad que cultivaba cannabis en su casa para tratar los intensos dolores provocados por una enfermedad crónica, según indicación médica.   
  • El tribunal determinó que los 21 gramos de flores de cannabis incautados estaban destinados al uso medicinal, personal y próximo en el tiempo, lo cual no es un delito.  

Sólo tenía un frasco con 21 gramos de cannabis de su primera cosecha y un pequeño kit de cultivo en interior (indoor) vacío, sin plantas. Pamela Córdova, de 47 años de edad, sufría intensos dolores provocados por una fibromialgia que logró aliviar cuando comenzó su tratamiento cannábico. La felicidad se vio interrumpida al ser injustamente detenida y su medicina incautada por la Policía de Investigaciones (PDI), en una causa que culmina con el sobreseimiento definitivo. 

Pamela fue diagnosticada con fibromialgia en el 2012, probó todos los medicamentos tradicionales pero nada calmaba sus intensos dolores crónicos, hasta que comenzó un tratamiento con aceite de cannabis. El cambio fue inmediato, “cuando me incorporaba en la mañana ya no tenía los dolores que me invadían”, dice desde Coyhaique. Así que se decidió a tener su primer cultivo y logró obtener la materia prima para preparar sus extractos medicinales y vaporizar. 

Había encontrado el alivio que buscó por ocho años hasta que en junio del año pasado un grupo de detectives de la PDI golpeó su puerta con una orden de allanamiento, la detuvieron e incautaron su medicina a pesar de contar con receta médica. Comenzó así una pesadilla que culmina hoy con el sobreseimiento definitivo de su causa por determinarse que no existía tráfico alguno y la materia vegetal que mantenía en su hogar era para su tratamiento médico. 

“Yo iba preparada para que me formalizaran cuando en la audiencia la fiscal dice ‘hemos decidido dar por sobreseído este caso, se determina que lo que mantenía en su domicilio era para su uso personal, en este caso medicinal, y próximo en el tiempo’. Me dio pena, emoción y alegría pero queda esa sensación de injusticia, de que me hicieron sufrir mucho cuando no hice nada malo”, cuenta esta madre y esposa.



Agradeció también el apoyo constante de su abogado, el Defensor Penal Público Cristián Cajas, jefe de Estudios de la Defensoría Regional de Aysén y quien en noviembre del año pasado co-organizó el seminario “Cannabis, salud y defensa penal: una mirada desde la Patagonia”, junto a Fundación Daya.  
 
“El allanamiento, la detención y el quedarme sin mi medicina fue un proceso muy traumático, provocó un deterioro en mi salud, estuve mal física y psicológicamente, dormía mal, con pesadillas, fui estigmatizada, los vecinos vieron como me subían al furgón… pero la verdad siempre gana. Agradezco mucho el apoyo de mi abogado y de Fundación Daya en estos meses de preocupación e incertidumbre”, dice la paciente del Dr. Patricio Silva, médico de Fundación Daya.    

VALIOSO TESTIMONIO
Luego de esta injusta situación, Pamela Córdova quiso contar su experiencia para denunciar la persecución a la que se ven expuestos pacientes y usuarios cultivadores del país. En julio del año pasado estuvo en el Conversatorio “Persecución de mujeres cultivadoras en Chile: Una dramática realidad”, junto a la Directora Ejecutiva de Fundación Daya, Ana María Gazmuri; el abogado Claudio Fierro, Jefe de la Unidad de Corte de la Defensoría Penal Pública; y Paulina Bobadilla, Presidenta de Mamá Cultiva.  

“Entraron con prepotencia, había una niña de 10 años en la casa, le pedía que bajaran el tono, les decía que aquí no hay delincuentes… Lo que más me dolió fue cuando me dijeron que tenían que quitarme mi medicina. Y se llevaron todo. Una no es traficante, me tomaron detenida, es violento, se ponían al lado mío, no me dejaban leer lo que querían que firmara. Una vez en el cuartel declaré y me fui a mi casa, en la audiencia me dicen que quemaron mi medicina, me dio mucha pena”, contó en ese momento muy emocionada.

Luego, en septiembre expuso en el Seminario “Cannabis, Salud y DDHH: Fundamentos y Experiencia para la Defensa de Usuarios y Pacientes”, organizado por Fundación Daya y la Defensoría Penal Pública (DPP), quienes llevan años de trabajo conjunto para evitar la persecución y criminalización.  

“Hoy reafirmo que no voy a dejar de consumir cannabis porque antepongo mi salud a andar dopada y con dolor todo el día como estaba antes con los medicamentos tradicionales, no tenía una vida normal, ahora con la cannabis sí. Lo que hizo la PDI solo me da fuerzas para seguir este camino, hasta que el Estado y las Policías respeten nuestros derechos”, afirma esta santiaguina que emigró al sur buscando una mejor calidad de vida. 

Finaliza animando a otros pacientes a dejar el miedo: “Ahora estoy tranquila pero sentí miedo, miedo a que llegaran a mi casa y derribaran mi puerta, mi paz, mi hogar, mi dignidad y mi integridad, miedo a ser criminalizada, miedo a ser violentada y atropellada, miedo a ser callada, miedo a ser juzgada y apuntada por todos por algo que ellos manipularon y difundieron en la prensa local, miedo a no volver a dormir o despertar en paz, miedo a vivir con dolor corporal por tener que callar y ocultar un derecho propio, que es la salud, miedo a buscar trabajo, miedo a ser observada, miedo a ser escuchada… Sí tuve mucho miedo, pero más miedo sentí no ganarle al miedo”.

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