En el ámbito del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, por catástrofe y calamidad, producto de la pandemia del COVID-19, fue publicada el 12 de Mayo en el diario oficial la modificación del decreto supremo n° 104, de 2020, del ministerio del interior y seguridad pública, que declara estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de chile, mediante el decreto supremo Nº 203 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, estableciendo que los Jefes de la Defensa Nacional tendrán todas las facultades “Para impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública, para una adecuada implementación de las medidas sanitarias adoptadas”.

Esto significa que las FF.AA podrán actuar autónomamente por sobre las autoridades de la administración, puesto que la modificación retira la expresión “conforme a las instrucciones del Presidente de la República” con la que culminaba el artículo tercero Nº 7 del primitivo decreto supremo.

Publicación diario oficial

Esto determina que los Jefes de plaza de las Fuerzas Armadas tienen una atribución discrecional para establecerse como jefes superiores de los servicios públicos, empresas del Estado y Municipalidades en la situación de emergencia.

Desde la ANEF emitieron un comunicado en donde establecen que “Rechazamos esta decisión del gobierno de Sebastián Piñera. La autoridad política no debe resignar sus atribuciones encargando a las FF.AA el control de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia. Esta es una claudicación que no tiene otro propósito que descargar sus responsabilidades en la gestión y administración de la crisis”.

Agregan que ” Solicitamos urgentemente restablecer el control estricto del gobierno y la autoridad civil de las tareas encargadas a las fuerzas armadas, y que las decisiones técnicas en los servicios públicos, empresas del Estado y Municipalidades sigan obedeciendo a directrices civiles, propias de un Estado democrático. Que como una garantía para el pueblo en general, la actividad de las militares se encuentre razonablemente regulada.”

elhuemul.cl

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