El reciente anuncio del Ministerio de Salud de incluir indicaciones a la Ley de Fármacos II, orientadas a reducir el precio de los medicamentes y hacerlos más accesibles es, en términos generales, una buena noticia.

Sin embargo, la eventualidad de que se vendan fármacos sin receta médica en establecimientos comerciales como supermercados, como una forma de hacer más competitivos sus precios, no está exenta de polémica.  Si bien puede ser una solución atractiva a nivel comunicacional, es necesario recordar que los remedios no son productos de comercio común, sino que son fundamentales para preservar la salud de las personas. De ahí que esta medida de disponerlos en las góndolas de los supermercados puede ser incluso peligrosa, ya que aumentaría el riesgo de la automedicación entre la población.

Lo cierto es que toda política de Salud Pública requiere de un programa integral y permanente que eduque y entregue la información necesaria a los usuarios, de manera que estén acompañados en su proceso de decisión de compra. Una medida aislada en materia de fármacos, por muy llamativa que sea, no reemplazará una política.

En la búsqueda de abaratar los medicamentos, que en nuestro país sin duda tienen un alto costo, la Ley de Fármacos II también apunta a transparentar toda la cadena de producción, desde su fabricación hasta el punto de compra. Esto es especialmente relevante dado que la mayoría de los medicamentos proviene de grandes transnacionales farmacéuticas y, en cierta medida, los altos valores estarían definidos desde el extranjero.

Esta iniciativa, que viene desde el gobierno anterior y sumada a las indicaciones anunciadas recientemente, aportaría a lograr reducir los precios en porcentajes variables según de qué medicamento se trate

Asimismo, la posibilidad de disponer más medicamentos con estudios de bioequivalencia significaría seguir avanzando hacia un acceso con mayor equidad. La prescripción de fármacos con su Denominación Común Internacional (DCI), comúnmente llamados genéricos, sin especificar una marca particular, también permitiría una mayor accesibilidad.  Sin embargo, ello no debería implicar una prohibición al médico para recetar fármacos con sus nombres de fantasía, si lo considera pertinente para su paciente.

Lo cierto es que nada, actualmente, puede explicar en su totalidad las enormes diferencias de medicamentos existentes. De acuerdo a esto, la autoridad sanitaria debería tener mayores facultades para poder investigar estas situaciones, de manera de transparentar la información a la ciudadanía.

Dr. Patricio Silva
Decano Facultad de la Salud U. Central

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