Gustavo Balmaceda foto color editadaDurante los últimos años, el desarrollo de Internet y en general de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha traído consigo cambios sociales y culturales que no son ajenos al mundo del Derecho (especialmente al Derecho penal). Es así como en  los  últimos  años  se  han  elaborado  instrumentos  legales,  tanto  a  nivel  nacional  como internacional, para responder a las necesidades de salvaguardar ciertos intereses y bienes jurídicos que se han  visto  afectados  por  esta  nueva  ola  informática. Sin  embargo,  la solución  normativa ha  sido  lenta y poco  eficaz.

Esto último debido a que, además  de  tardar  en contrarrestar  las  infracciones  que  se  generan  en  los  nuevos sistemas  de  tratamiento  y  comunicación  de  la  información,  el  desarrollo  normativo  se  ha  realizado con base en ciertas categorías criminológicas que no responden a las necesidades actuales, lo cual repercute en la legislación chilena vigente (Ley 19.223).

El reciente ataque informático a nivel mundial ha sido muy significativo, ha develado que la regulación actual, resulta ser obsoleta y requiere ser reemplazada por una legislación que se  ajuste  a  las  realidades  actuales. Para ello,  se  debe  tener  en  cuenta  no sólo el  rol  de  las  TIC,  sino también los  cambios criminológicos de los comportamientos ilícitos que hacen inadaptables las normas jurídicas vigentes y los intereses  sociales  que  ahora  están  en  juego.

Aceptando la  constante  evolución  de  los  sistemas informáticos del cual se desprenden nuevas y diferentes formas de ataques, se debe realizar una  reforma que abarque tanto los delitos existentes como las nuevas conductas criminales. Por eso, las conductas generan un ámbito de riesgo común a  muchos intereses y bienes jurídicos cuya protección requerirá una modificación de los tipos penales existentes o la creación de nuevos tipos en aquellos casos en  que  se  alteren  los  elementos  básicos  del  delito.  Si  no  hay  tal  alteración  no  será  necesaria  tipificación expresa, pues las conductas se pueden incorporar dentro de los tipos delictivos clásicos.

En resumen, es urgente una reforma legal y una cooperación internacional efectiva.

Prof. Dr. Gustavo Balmaceda Hoyos

Director Departamento de Derecho Penal – Andrés Bello

Print Friendly, PDF & Email