Bachelet aseguró que “asumirá de inmediato y de manera exclusiva la tarea”. Añadió que “va a tener línea directa con La Moneda y va a contar con todo mi apoyo y el de los ministros”. Detalló, además, que Galilea tendrá que estar en terreno, escuchando las necesidades de quienes resultaron damnificados durante los incendios forestales que siguen afectando la zona centro sur del país.“Ante este tipo de desastres, no basta con lo que tenemos” dijo la presidenta, cuestión que fue uno de los motivos por los que decidió tomar esta medida. Sin embargo, el elegido no tiene un historial del todo limpio en reconstrucción.

Tras la erupción del Volcán Chaitén en mayo de 2008, la Presidente Bachelet prometió un bono para los habitantes de la zona evacuados de su ciudad y la entrega de una nueva vivienda. Sin embargo, la acción presentó ciertas irregularidades al entregar más de una vivienda por grupo familiar y al otorgar de forma fraudulenta más de $1.000 millones. 

En 2014 la Contraloría General de la República reprochó que el entonces intendente de Los Lagos, Sergio Galilea faltó al control de los dineros destinados para la reconstrucción de Chaitén. Según estableció el entonces contralor, Ramiro Mendoza, el hoy Coordinador Nacional de Emergencia debió “establecer un proceso de control al menos aleatorio”, para evitar irregularidades en la entrega de los “bonos Chaitén”, lo que “en definitiva no aconteció”. No obstante, Galilea fue liberado de pagar una multa de más de $ 800 millones, como recomendaba Contraloría.

Entre sus descargos ante el organismo fiscalizador, Galilea vinculó a la hoy vocera de gobierno, Paula Narváez, quien figuró como presunta responsables del caso, al ser la encargada de autorizar los procesos en su calidad de delegada presidencial para la emergencia. 

En ese entonces, Narváez se defendió diciendo que “hubo un error en la entrega de bonos, pero no una irregularidad”, consignó ADN en aquella época. Según la delegada, el error se produjo al elaborar la base de datos para efectuar los pagos masivos, la cual tenía algunas omisiones, pues no todos los beneficiados tenían ficha de protección social en la municipalidad.

Sin embargo, un informe de Contraloría confirmó irregularidades en el proceso, al constatar hechos como la entrega de dinero a muertos o a funcionarios de las Fuerzas Armadas que fueron redestinados, por lo que obviamente no necesitaban arrendar una casa para seguir viviendo en la región.

Fuente:eldemocrata.cl

elhuemul.cl

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