Si bien, comparto las razones técnicas esgrimidas por el Ministerio de Justicia, respecto de la proporción de notarios con el número de habitantes y la idea de ampliar la oferta de notarías, para generar autorregulación de costos, creo que el foco está errado.

El lucrativo negocio de la fe pública se ha impuesto sobre razones de eficiencia y eficacia, obligándosenos a cumplir con una burocracia innecesaria que no se condice con una serie de transacciones que las personas hoy en día, realizan por medios electrónicos.

El Estado se debe modernizar y, asimismo, incentivar la adecuación de una serie de trámites privados que efectúan los ciudadanos en mérito de los tiempos que corren, donde existe tecnología suficiente disponible para la certificación, confirmación y validación de una serie de antecedentes personales.

Además, todas las entidades del Estado debieran estar interconectadas a objeto de poder contar con información actual y verídica de las personas. Por esta serie de razones, no se entiende que para realizar ciertos trámites ante servicios públicos se exija copia fotostática de la cédula de identidad autorizada por un notario.

En esto, el sector privado lleva la delantera, puesto que para gestionar determinadas prestaciones basta con la identificación biométrica por medio de la huella dactilar, algo sencillo y sin mayores costos. Por eso, mientras los que dirigen el Estado actualmente no enmienden su rumbo, difícilmente avanzaremos hacia sistemas modernos y electrónicos que faciliten la vida de los ciudadanos y que repercuten –directamente- en ahorro de costos para todos los involucrados.

Williams Valenzuela Villalobos – Académico Facultad de Derecho U. Andrés Bello

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